Según lo dispuesto en la Ley de Justicia Criminal, una organización establecida dentro de un circuito judicial federal para representar a los acusados criminales que no pueden pagar una defensa adecuada. Cada organización es supervisada por un defensor público federal nombrado por el tribunal de apelaciones del circuito.
Como la acusada no podía pagar un abogado, el juez explicó que sería mejor que ella contactara a la agencia de defensores públicos federal para que la ayudaran con su acusación.
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