Después de arrestar al sospechoso, el oficial dirá algo similar a: "Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno." Estas advertencias provienen del privilegio contra la autoincriminación de la Quinta Enmienda y del derecho a un abogado de la Sexta Enmienda.
Se determinó que el interrogatorio policial era inválido porque los oficiales nunca explicaron cuáles son los derechos de Miranda del acusado.
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